Órdenes de restitución emitidas a nivel nacional
La Contraloría General de la República ordenó reintegrar $4.941.824.509 asociados a pagos indebidos de licencias médicas de funcionarios y exfuncionarios públicos. El balance está contenido en un oficio fechado el 5 de octubre de 2026, firmado por la contralora Dorothy Pérez y remitido al Congreso Nacional.
Los antecedentes corresponden a fiscalizaciones realizadas durante 2025 y 2026 y abarcan licencias rechazadas o reducidas. El informe considera distintos procesos de revisión, por lo que el monto no se limita a situaciones de personas que viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico.
En total, el organismo emitió 2.214 resoluciones que involucraron a 2.139 deudores, según el desglose entregado para ambos periodos. Las órdenes de restitución fueron dictadas a través de resoluciones que establecieron los montos que debían ser devueltos al Estado.
| Periodo | Resoluciones | Deudores | Monto ordenado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346 | 325 | $1.311.539.848 |
| Enero-septiembre de 2026 | 1.868 | 1.814 | $3.630.284.661 |
| Total | 2.214 | 2.139 | $4.941.824.509 |
El dinero todavía no está completamente recuperado
La cifra informada por la Contraloría corresponde a recursos cuya restitución fue ordenada, pero no equivale necesariamente al dinero que ya ingresó de vuelta a las arcas públicas. El organismo explicó que existe un desfase entre la emisión de las resoluciones, la autorización de facilidades de pago y la devolución íntegra de los montos.
Los convenios de pago autorizados generalmente contemplan cuotas distribuidas en periodos de entre 18 y 24 meses. Por esta razón, la Contraloría estima que podrá contar con información más completa sobre los recursos efectivamente recuperados a partir de 2027, una vez que transcurran los plazos fijados para cumplir esas obligaciones.
- Durante 2025 se ordenó restituir $1.311.539.848.
- Entre enero y septiembre de 2026 se dispuso la devolución de $3.630.284.661.
- La restitución puede realizarse mediante acuerdos de pago con cuotas de hasta 24 meses.
El informe también mantiene separadas las eventuales responsabilidades administrativas que puedan establecerse en los sumarios respectivos. La orden de reintegro determina la devolución de fondos públicos, mientras que las investigaciones disciplinarias deben definir si existieron infracciones administrativas y las consecuencias que correspondan en cada caso.