Los diputados César Valenzuela y Juan Santana solicitaron a la Contraloría General de la República investigar eventuales incumplimientos administrativos en la coordinación y ejecución de expulsiones de personas extranjeras que cumplieron condenas en Chile. La presentación apunta al funcionamiento de los organismos que deben intervenir en estos procedimientos y a la aplicación de un protocolo interinstitucional vigente.
La petición se originó tras antecedentes publicados por Interferencia, según los cuales habría existido falta de comunicación entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones respecto de personas extranjeras condenadas que recibieron beneficios de rebaja de condena y que, al mismo tiempo, tendrían órdenes de expulsión administrativas vigentes.
Los parlamentarios pidieron que el órgano contralor determine si las instituciones cumplieron las obligaciones de coordinación establecidas en la normativa. El protocolo mencionado involucra a la Subsecretaría del Interior, Migraciones, la PDI y Gendarmería, organismos que deben intercambiar información para permitir que las resoluciones de expulsión sean ejecutadas.
- La presentación solicita revisar la actuación del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de Migraciones.
- Los antecedentes se refieren a personas extranjeras condenadas que habrían obtenido rebajas de pena.
- La Contraloría deberá establecer si hubo incumplimientos administrativos o fallas en el protocolo de coordinación.
Valenzuela sostuvo que la situación debe ser revisada porque, a su juicio, no existiría constancia suficiente de que las personas beneficiadas con la rebaja de sus condenas hayan iniciado efectivamente el proceso de expulsión. El diputado vinculó esa inquietud con los anuncios del Gobierno sobre la expulsión de 300 mil migrantes, aunque la solicitud presentada ante la Contraloría se concentra en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
El parlamentario también planteó que las personas involucradas corresponden a extranjeros con condenas y una situación migratoria irregular. Sus declaraciones fueron formuladas al explicar el alcance de la presentación y no constituyen una resolución sobre responsabilidades individuales. La revisión solicitada deberá establecer, en caso de que corresponda, si funcionarios u organismos incurrieron en incumplimientos.
La denuncia administrativa considera además el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2026, cuando, según los antecedentes citados por los diputados, se habrían producido problemas de coordinación entre las instituciones encargadas de informar, tramitar y ejecutar las expulsiones. La Contraloría deberá analizar los antecedentes y determinar si existen responsabilidades administrativas conforme a sus atribuciones.