La Contraloría General de la República resolvió no dar curso al decreto con fuerza de ley que el Ejecutivo debía dictar para adecuar distintas normas sectoriales a la ley marco de permisos. El instrumento buscaba complementar la aplicación de la reforma, pero el órgano contralor detectó nueve observaciones relacionadas con vacíos normativos y con el alcance de las facultades delegadas.
La decisión mantiene detenida, por ahora, la adaptación de la regulación sectorial a las nuevas reglas de plazos y de silencio administrativo. El decreto pretendía armonizar más de 40 leyes con el nuevo marco legal, que fue publicado en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 2025, durante la administración anterior. Según el análisis de la Contraloría, el texto no podía aplicarse en los términos propuestos.
Los reparos del órgano contralor
Las observaciones fueron agrupadas en dos categorías. La primera corresponde a materias que el decreto aborda sin establecer con suficiente precisión cómo deben operar en la práctica. La segunda apunta a disposiciones que, de acuerdo con la revisión del organismo, excederían el margen permitido por la delegación legislativa utilizada para dictar el decreto.
- Vacíos normativos: falta de claridad sobre la forma en que se aplicarían determinadas reglas, sus plazos y sus efectos.
- Exceso en las facultades: disposiciones que llevarían el contenido del decreto más allá de la autorización entregada para su elaboración.
- Ámbitos comprometidos: aguas, servicios sanitarios, telecomunicaciones, electricidad, energía geotérmica, asuntos indígenas y urbanismo.
Entre los cuestionamientos referidos al Código de Aguas, la Contraloría señaló que no quedaba definido si las nuevas causales de suspensión de los plazos operarían directamente por mandato legal o si requerirían una resolución fundada. También advirtió que el texto no precisaba si el cómputo debía reanudarse automáticamente después de vencer el periodo de 20 días previsto para acreditar la consignación de fondos.
El examen también identificó una falta de concordancia entre los nuevos plazos máximos para resolver, la publicación de antecedentes en el sitio web de la Dirección General de Aguas y los momentos en que se producirían los efectos del silencio administrativo. Estos reparos forman parte de los puntos que impidieron que el decreto siguiera adelante en su formulación actual.
| Elemento revisado | Antecedente informado |
|---|---|
| Decisión | La Contraloría no dio curso al decreto con fuerza de ley |
| Observaciones | 9 reparos por vacíos y excesos |
| Normas involucradas | Más de 40 leyes sectoriales |
| Regla examinada | Plazos y silencio administrativo en permisos |
En materia de servicios sanitarios, el órgano contralor cuestionó que el decreto no incorporara disposiciones transitorias suficientes para evitar problemas con la entrada en vigor de las modificaciones al DFL N.º 382. La revisión se extendió, además, a normas relacionadas con infraestructura y autorizaciones en áreas como telecomunicaciones, electricidad, energía geotérmica, materia indígena y urbanismo.
La resolución significa que la adecuación sectorial no podrá operar conforme al texto revisado por la Contraloría. El decreto había sido concebido como una herramienta para trasladar a esas regulaciones las exigencias de la ley marco, pero los reparos del organismo contralor dejaron sin aplicación el ajuste en los términos planteados por el Ejecutivo.