La Fiscalía Regional de Aysén, la Contraloría Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizaron un taller conjunto dirigido a funcionarios públicos de la región, con el objetivo de fortalecer la prevención de la corrupción y mejorar la coordinación entre los organismos encargados de controlar e investigar este tipo de conductas.
La actividad se desarrolló el martes y fue dada a conocer el 19 de noviembre de 2026. El encuentro reunió a autoridades y representantes de distintos servicios públicos de Aysén, quienes participaron en exposiciones sobre las obligaciones que deben cumplir quienes ejercen funciones estatales, los mecanismos de control y los riesgos asociados a actuaciones que puedan afectar el patrimonio fiscal o el correcto desempeño de la administración.
Contenidos y participación institucional
La jornada comenzó con intervenciones del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky; del contralor regional, Ricardo Hevia; y del abogado procurador fiscal de Coyhaique del CDE, Paulo Gómez. La primera presentación estuvo a cargo de Rafaela Correa, abogada de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.
También expusieron Yinyer Sepúlveda Rivas, abogada de la Contraloría Regional de Aysén, y Cristóbal Bardales Rioseco, abogado representante del Consejo de Defensa del Estado. Las materias revisadas incluyeron el marco normativo aplicable a los funcionarios, las herramientas de fiscalización y las formas de identificar situaciones que puedan derivar en delitos de corrupción o en perjuicios para el Estado.
“La probidad y la integridad no son conceptos abstractos ni simples declaraciones de principios. Son condiciones esenciales para el correcto funcionamiento del Estado, para la legitimidad de nuestras instituciones y, sobre todo, para resguardar la confianza que la ciudadanía deposita en quienes ejercemos funciones públicas”.
La declaración correspondió al fiscal regional Hernán Libedinsky, quien señaló que el taller formaba parte de un compromiso asumido al inicio de su gestión. De acuerdo con sus palabras, ese trabajo contempla tanto el fortalecimiento de las investigaciones penales por hechos de corrupción como el desarrollo de acciones preventivas y formativas junto con otras instituciones públicas.
Objetivos del trabajo conjunto
Durante la actividad se abordaron, entre otros, los siguientes aspectos:
- Las obligaciones legales y administrativas de quienes trabajan en el sector público.
- La detección de riesgos que puedan comprometer la probidad o el patrimonio fiscal.
- Los mecanismos de control y la coordinación entre los organismos con atribuciones de prevención, fiscalización y persecución penal.
Libedinsky sostuvo que la Fiscalía tiene el deber de investigar los hechos que puedan constituir delitos de corrupción y que esa labor debe complementarse con medidas destinadas a evitar que dichas conductas ocurran. En esa línea, el encuentro incorporó contenidos preventivos junto con materias vinculadas a la investigación y al control institucional, en una actividad dirigida a funcionarios de distintos servicios de la Región de Aysén.