La Contraloría General de la República estableció un procedimiento para exigir la devolución de recursos públicos cuando una sentencia firme dictada en un juicio de cuentas determine que deben ser reintegrados al Estado. La medida quedó contenida en la Resolución N° 2.569 de 2026, firmada por la contralora general Dorothy Pérez y publicada el 17 de noviembre en el Diario Oficial.
El mecanismo comienza una vez que el fallo judicial queda ejecutoriado. En esa etapa, el organismo correspondiente deberá requerir el pago a la persona condenada y evaluar el crédito mediante su Fiscalía institucional, para luego definir la vía de cobro aplicable. La resolución también ordena registrar y hacer seguimiento de los abonos hasta completar la restitución.
Medidas para exigir el reintegro
La normativa contempla distintas herramientas para recuperar los fondos determinados por los tribunales. Entre ellas se encuentra el cobro de las pólizas de fianza que estén vigentes y la habilitación de mecanismos de pago para quienes mantengan una deuda establecida judicialmente.
- Requerimiento de pago a la persona condenada por una sentencia firme.
- Revisión del crédito y definición de la vía de cobro por parte de la Fiscalía de la institución.
- Uso de pólizas de fianza existentes, cuando corresponda.
- Aplicación de las medidas previstas en la Ley N° 10.336 si la deuda no es pagada.
En el caso de funcionarios públicos que continúen en servicio, la falta de pago puede derivar en la suspensión sin remuneración. Si el incumplimiento persiste dentro de los plazos legales, la regulación considera posteriormente la separación del cargo. Estas consecuencias se aplican en el marco de una obligación fijada previamente por una sentencia firme de juicio de cuentas.
Para las personas que ya no sean funcionarias públicas, el procedimiento contempla el envío de cartas de cobranza extrajudicial. Si la deuda continúa impaga, la Fiscalía de la Contraloría deberá iniciar acciones de cobro ante los tribunales ordinarios de justicia.
Fondos e intereses
La resolución precisa que las obligaciones derivadas de estos fallos no pueden ser condonadas mediante el artículo 67 de la Ley N° 10.336, debido a que se originan en una decisión judicial. El criterio apunta a que el monto fijado por el tribunal mantenga su exigibilidad hasta que sea pagado.
| Etapa | Actuación prevista |
|---|---|
| Sentencia firme | Se determina la obligación de restituir recursos. |
| Requerimiento | Se exige el pago y se evalúa el crédito. |
| Incumplimiento | Se activan medidas administrativas o acciones judiciales. |
| Pago | El capital ingresa a la institución afectada y los intereses penales a la Tesorería General de la República. |
El procedimiento diferencia el destino de los montos recuperados. El capital deberá ser entregado a la institución que sufrió el perjuicio, mientras que los intereses penales tendrán que enterarse en la Tesorería General de la República. La regulación también fija el registro y control de cada pago efectuado durante el proceso de recuperación.