La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos que mantienen condenas vigentes por crímenes o simples delitos y que continúan desempeñándose en organismos del Estado. El hallazgo quedó consignado en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, a partir de un cruce de registros oficiales.
El análisis vinculó los antecedentes del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio Electoral y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado. La revisión arrojó 317 registros de condena, asociados a 315 personas, debido a que dos funcionarios aparecen vinculados a más de una condena.
Distribución entre el gobierno central y los municipios
Del total identificado, 166 funcionarios pertenecen a instituciones del gobierno central y 149 trabajan en gobiernos locales. La situación fue observada pese a que el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575 establece una prohibición para continuar ejerciendo un cargo público cuando existen condenas por crimen o simple delito, según el reporte del organismo contralor.
Entre las instituciones con más personas registradas aparecen Carabineros de Chile, con 84 casos; el Ejército de Chile, con 22; y la Armada de Chile, con ocho. También figuran la Fuerza Aérea de Chile y distintos municipios del país.
| Institución | Personas identificadas |
|---|---|
| Carabineros de Chile | 84 |
| Ejército de Chile | 22 |
| Armada de Chile | 8 |
| Municipalidad de Valdivia | 6 |
| Fuerza Aérea de Chile | 5 |
| Municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt | 4 cada una |
Tipos de condena y medidas ordenadas
En cuanto a la gravedad de las sentencias registradas, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos. Además, 41 condenas están relacionadas con ilícitos contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal, referido a crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones. Ese grupo representa el 13% del universo revisado.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones correspondientes y establecer eventuales responsabilidades administrativas. El objetivo es determinar, entre otros aspectos, si existió una posible omisión de informar la condena al jefe del servicio y de activar los procedimientos administrativos previstos para estos casos.
- 315 funcionarios fueron asociados a 317 registros de condena.
- 149 pertenecen a gobiernos locales y 166 al gobierno central.
- 41 condenas corresponden a delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos.