La Segunda Sala de la Corte Suprema debió reprogramar la audiencia en que revisaría el recurso presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el caso Junaeb. La acción busca revertir los límites establecidos por la Corte de Apelaciones de Santiago para el análisis de los teléfonos celulares incautados durante la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar.
La suspensión se produjo luego de que la ministra María Teresa Gajardo se inhabilitara para intervenir en la causa. La magistrada fue mencionada en una nómina de 18 funcionarios e intervinientes judiciales que son investigados por la Fiscalía Regional de Valparaíso en una arista del caso Hermosilla relacionada con eventuales irregularidades en nombramientos del Poder Judicial.
El alcance del recurso
La Fiscalía y el CDE pretenden que el máximo tribunal deje sin efecto los mecanismos de control fijados por la Corte de Apelaciones de Santiago y permita nuevamente el acceso pleno a los chats y demás antecedentes contenidos en los dispositivos de autoridades y abogados indagados. La disputa se refiere al alcance del peritaje de los teléfonos incautados en la causa Junaeb.
La investigación está vinculada a presuntos actos de corrupción en procesos de contratación de alimentación escolar. En ese expediente, el abogado Samuel Donoso representa al imputado Darío Calderón y encabeza la estrategia destinada a limitar el acceso de la Fiscalía al teléfono de su cliente.
- Recurrentes: Fiscalía Metropolitana Oriente y Consejo de Defensa del Estado.
- Tribunal que debe resolver: Segunda Sala de la Corte Suprema.
- Materia: restricciones al peritaje de teléfonos incautados en el caso Junaeb.
Conexión con la arista de nombramientos
La relación entre ambas investigaciones aparece a través de conversaciones y gestiones atribuidas a distintos abogados. Donoso figura en chats revisados por la fiscal de Valparaíso, Paola Castiglione, junto con Luis Hermosilla, Mario Vargas y Gabriel Zaliasnik. La indagatoria también considera intercambios con el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.
En paralelo, la Fiscalía Regional de Valparaíso desarrolla una investigación reservada para establecer si en determinados nombramientos judiciales pudieron existir delitos de cohecho, prevaricación o violación de secreto. La diligencia alcanzó a jueces, ministros de cortes, notarios y conservadores cuyos nombres aparecieron en conversaciones examinadas por el Ministerio Público.
“todos los antecedentes que obren en poder de la División Judicial relativo a los nombramientos de los siguientes jueces, ministros y demás cargos judiciales, incluyendo su carpeta o ficha de antecedentes”.
La frase corresponde a la solicitud dirigida al Ministerio de Justicia para reunir los antecedentes administrativos de los nombramientos bajo revisión. La audiencia de la Corte Suprema deberá realizarse en una nueva fecha, luego de la suspensión provocada por la inhabilitación de la ministra.