La Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a la gerente y representante legal de Fundación Procultura, María Constanza Gómez Cruz, y al director ejecutivo de la entidad, Alberto Larraín Salas. Ambos quedaron vinculados a una investigación por un delito reiterado y consumado de apropiación indebida, según la imputación presentada por el Ministerio Público.
La audiencia correspondió a la denominada arista Anglo American del caso Procultura y fue encabezada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela. La Fiscalía de Antofagasta indicó que este es el cuarto capítulo de la investigación que lleva a tribunales para formalizar cargos en distintas jurisdicciones del país. La formalización comunica los hechos que el Ministerio Público atribuye a los imputados y no equivale a una condena.
El origen de la investigación
Los antecedentes expuestos en la audiencia se relacionan con cinco convenios celebrados entre 2021 y 2023 por Anglo American y la fundación. Los acuerdos contemplaban financiamiento para iniciativas culturales en Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales, además de un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil.
De acuerdo con las condiciones pactadas, el dinero debía utilizarse exclusivamente en los proyectos comprometidos. Los convenios también exigían la entrega de informes de gestión, rendiciones de cuentas y productos asociados a las actividades, junto con mecanismos para que la empresa donante pudiera revisar y verificar su ejecución.
- Periodo de los convenios: 2021 a 2023.
- Número de acuerdos: cinco.
- Comunas consideradas: Rinconada, Catemu, Llay Llay, Nogales y Tiltil.
- Perjuicio atribuido: $471.554.412.
| Antecedente | Detalle |
|---|---|
| Tipo de imputación | Apropiación indebida reiterada y consumada |
| Intervinientes formalizados | Gerente y representante legal, y director ejecutivo de Procultura |
| Origen de la querella | Término de los convenios por incumplimiento |
Según el planteamiento de la Fiscalía, los proyectos no quedaron suficientemente respaldados con los informes y productos comprometidos, mientras que los recursos transferidos tampoco fueron rendidos en su totalidad. Frente a ese escenario, en mayo de 2024 Anglo American comunicó el término inmediato de los cinco acuerdos y presentó una querella ante los tribunales.
La imputación sostiene que, después de finalizados los convenios y de efectuados los requerimientos correspondientes, los fondos no fueron devueltos. El Ministerio Público atribuye a Gómez Cruz y Larraín Salas que parte de esos recursos habría sido utilizada para objetivos distintos de los establecidos en los contratos, situación que habría ocasionado un perjuicio total de $471.554.412. La causa continúa en etapa de investigación, con ambos directivos formalizados como presuntos autores del delito señalado por la Fiscalía.