La Contraloría Regional de La Araucanía concluyó que no advierte irregularidades en la decisión del Gobierno Regional de reasignar funciones al funcionario público y dirigente sindical Jaime Candia, informó el organismo tras analizar la denuncia presentada por la directiva nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE).
Antecedentes del reclamo
La federación había impugnado, en abril, el traslado de Candia desde la sección de Auditoría Interna, cargo que desempeñaba desde 2014, hacia tareas en la Unidad de Rendiciones. El gremio sostuvo que la medida podría vulnerar el fuero sindical del dirigente y que habría sido adoptada de forma arbitraria y denostativa, según el reclamo registrado ante la autoridad regional.
Resultado del pronunciamiento contralor
Tras revisar los antecedentes aportados por el Gobierno Regional, la Contraloría estimó que las funciones asignadas a la sección de rendiciones no invaden ni duplican las tareas de otras divisiones, y que las actividades que allí se realizan resultan compatibles con una labor de control ex post —es decir, revisión posterior de las cuentas—. En ese marco, el órgano fiscalizador no identificó elementos que permitan sostener la existencia de una vulneración del fuero sindical en la reasignación.
No obstante, la resolución incluyó una observación dirigida al Gobierno Regional: la Contraloría enfatizó la necesidad de que la ejecución de la auditoría interna se mantenga separada de las demás funciones de control y de rendición de cuentas, para evitar solapamientos que afecten la independencia del control interno.
- Denuncia: presentada por la directiva nacional de FENAFGORE en abril.
- Funcionario afectado: Jaime Candia, vicepresidente de FENAFGORE y funcionario del Gobierno Regional (en Auditoría Interna desde 2014).
- Decisión contralora: no advierte irregularidades en la reasignación; exige separación de funciones de auditoría interna y rendiciones.
Lo que exige la Contraloría al Gobierno Regional
En su pronunciamiento, la Contraloría pide que el Gobierno Regional adopte medidas para garantizar la separación funcional entre la auditoría interna y otras unidades encargadas de rendir y supervisar cuentas. El objetivo, según el organismo fiscalizador, es preservar la independencia de la labor de control y evitar conflictos de interés operativos entre unidades que revisan procesos en forma previa y posterior.
| Aspecto | Situación descrita |
|---|---|
| Cargo anterior | Sección de Auditoría Interna (desde 2014) |
| Cargo reasignado | Unidad de Rendiciones |
| Determinación de la Contraloría | No advierte irregularidades; solicita separación de funciones de control |
La resolución pone el foco en la necesidad de resguardar la independencia técnica de la auditoría interna como mecanismo de control del gasto público. La Contraloría no atribuyó sanciones ni declaró nulidad del acto administrativo que motivó la denuncia; su pronunciamiento, en cambio, fija una condición sobre la organización interna del Gobierno Regional para evitar posibles solapamientos entre funciones.
La versión del Gobierno Regional y de FENAFGORE respecto del pronunciamiento no fue incluida en el documento público de la Contraloría que consigna la conclusión y la observación referida a la separación de funciones.
La actuación del órgano contralor cierra la vía administrativa de revisión en este asunto, aunque la reserva de facultades legales para eventuales acciones posteriores corresponde a las partes según lo que establezca la normativa y la práctica administrativa.