Un funcionario de Carabineros será formalizado por el delito de cohecho, luego de que el Ministerio Público reuniera antecedentes sobre una presunta solicitud de dinero a Camila Polizzi, quien se encontraba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total. La audiencia fue programada para el 5 de enero de 2027 en el Juzgado de Garantía de Concepción.
El imputado es el cabo primero Juan Retamal Jara, quien estaba a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la medida cautelar. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el funcionario habría pedido inicialmente $20 millones a Polizzi. Posteriormente, la suma habría sido reducida primero a $5 millones y después a $3,5 millones.
La investigación del Ministerio Público
La Fiscalía sostiene que el primer acercamiento se produjo durante uno de los controles policiales realizados en el domicilio de la excandidata a alcaldesa. Según el relato incorporado a la investigación, el contacto inicial ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando el funcionario le señaló que necesitaba conversar con ella, sin explicar en ese momento el motivo.
Más tarde, alrededor de las 15:00 horas, el cabo primero habría regresado al domicilio vestido de civil. En ese encuentro, siempre según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, le habría manifestado que tenía dificultades económicas, deudas y problemas familiares antes de solicitarle el dinero. La petición habría continuado posteriormente mediante mensajes de WhatsApp y nuevos contactos para consultar si podía concretarse el pago.
- Delito investigado: cohecho.
- Funcionario involucrado: un cabo primero de Carabineros.
- Montos mencionados: $20 millones, $5 millones y $3,5 millones.
- Tribunal: Juzgado de Garantía de Concepción.
- Audiencia: 5 de enero de 2027.
Denuncia y próxima audiencia
Polizzi habría manifestado su preocupación por la insistencia del funcionario y por la posibilidad de que el rechazo de la solicitud pudiera generarle dificultades durante los controles policiales. Ante esa situación, le contó lo ocurrido a otro uniformado que habitualmente participaba en las fiscalizaciones, quien le recomendó denunciar.
El fiscal Julián Muñoz explicó que las diligencias permitieron reunir antecedentes suficientes para solicitar la formalización del funcionario. La Fiscalía calificó los hechos investigados como graves y deberá exponer ante el tribunal los antecedentes que sustentan la imputación durante la audiencia fijada para enero.
La formalización no implica una condena. En esa instancia, el Ministerio Público comunicará al funcionario los hechos que le atribuye y el juzgado deberá resolver las solicitudes que presenten las partes respecto de las medidas cautelares y del desarrollo de la investigación.