La Policía Nacional de Ecuador detuvo a un exfuncionario de la Asamblea Nacional y de la Defensoría Pública señalado por las autoridades como el presunto líder de una facción de Los Lobos, una de las organizaciones criminales que operan en el país. La captura se concretó el 5 de noviembre de 2026, durante la operación Zeus 4, un despliegue ejecutado en seis provincias.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el procedimiento incluyó 25 allanamientos y la detención de 14 personas. Tras las primeras diligencias judiciales, 13 de los aprehendidos quedaron sometidos a proceso por presunta delincuencia organizada y recibieron prisión preventiva. La investigación se concentra en una estructura que habría operado en la provincia de Los Ríos.
Una investigación con dos cifras sobre los homicidios
El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó al hombre de 31 años con una organización dedicada, según las autoridades, a homicidios, secuestros extorsivos y amenazas. Las pesquisas policiales y el análisis de armamento utilizado en distintos hechos violentos permitieron relacionar a la facción con al menos 60 asesinatos, según la versión entregada por el Gobierno ecuatoriano.
La Fiscalía, sin embargo, ha incorporado inicialmente 16 víctimas mortales dentro del expediente por delincuencia organizada. Esa diferencia corresponde a que el número comunicado por el Ejecutivo alude a homicidios atribuidos a la estructura, mientras que la causa judicial considera, hasta ahora, los hechos que forman parte de su investigación formal.
- 14 personas fueron detenidas en la operación Zeus 4.
- El despliegue incluyó 25 allanamientos en seis provincias.
- 13 detenidos quedaron con prisión preventiva por presunta delincuencia organizada.
- La Fiscalía identificó inicialmente 16 víctimas mortales en el expediente.
Antecedentes del detenido
El detenido trabajó como servidor de la Asamblea Nacional entre 2019 y 2021 y posteriormente se desempeñó en la Defensoría Pública, en 2022. Según el historial judicial citado por las autoridades ecuatorianas, antes y durante ese periodo enfrentó procesos relacionados con transporte ilícito de municiones, porte de armas, asesinato y tráfico de drogas. La investigación también estableció que habría dirigido la célula desde el cantón de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, mientras la organización actuaba en Los Ríos.
El Ministerio del Interior atribuye a la estructura el uso de homicidios y amenazas para intimidar a rivales, someter a integrantes de la propia organización y presionar a personas afectadas por extorsiones. Los antecedentes fueron expuestos después de los allanamientos y deberán ser revisados dentro del proceso penal que continúa ante las autoridades ecuatorianas.
La operación se desarrolla en un contexto de disputas entre organizaciones criminales en el litoral de Ecuador. Por ahora, la Fiscalía mantiene la calificación de presunta delincuencia organizada para los procesados, mientras reúne antecedentes sobre los delitos que atribuye a la facción y determina cuáles de los homicidios investigados pueden ser incorporados a la causa.