El Gobierno de Paraguay incorporó al Tren de Aragua y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una nómina de 22 organizaciones terroristas internacionales. La medida quedó establecida en el Decreto N.º 7228, firmado el jueves 12 de noviembre por el presidente Pedro Alliana.
La disposición también incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Mara Salvatrucha (MS-13), el Clan del Golfo y dos estructuras disidentes de las FARC: el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El decreto extiende sus efectos a organizaciones afiliadas y a grupos sucesores de las estructuras mencionadas.
Una decisión basada en normas nacionales e internacionales
El texto fue fundamentado en la Constitución paraguaya y en las leyes internas relacionadas con la prevención del terrorismo y el financiamiento de esas actividades. También invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por Paraguay mediante la Ley N.º 2298/2003.
El decreto cita además la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, adoptada el 22 de septiembre en Nueva York bajo la iniciativa Escudo de las Américas. Según el documento, ese marco busca coordinar respuestas frente a organizaciones criminales mediante herramientas financieras, migratorias y judiciales, siempre de acuerdo con la legislación de cada país.
- 22 estructuras fueron incorporadas a la lista paraguaya.
- La medida contempla a los grupos afiliados y a las organizaciones sucesoras.
- El decreto prevé acciones en los ámbitos financiero, migratorio y judicial.
Refrendo de tres ministerios
El artículo segundo del decreto establece que la disposición ejecutiva deberá ser refrendada por los ministros paraguayos de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional. El trámite vincula la nueva clasificación con las instituciones responsables de la política exterior, la seguridad interna y la defensa del país.
La incorporación del Tren de Aragua y de organizaciones con operaciones y vínculos descritos por distintos países de la región sitúa la decisión paraguaya dentro de un esquema de cooperación contra el crimen organizado transnacional. El decreto, sin embargo, condiciona la aplicación de las medidas a los procedimientos y las normas vigentes en cada jurisdicción.