Las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la Fiscalía local muestran indicios de que el grupo criminal conocido como Tren de Aragua ya no actúa únicamente como un corredor regional, sino que comienza a establecer estructuras permanentes en ese país centroamericano. Según informes periodísticos publicados el 25 de octubre de 2026, los patrones operativos detectados en redes de explotación sexual y otros delitos coinciden con los que se han atribuido a la organización en Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Qué señalan las investigaciones
Las autoridades costarricenses investigaron en julio de 2025 una red que, mediante la promesa de empleo en creación de contenidos, trasladaba mujeres desde Venezuela y las obligaba a ejercer la prostitución. La Fiscalía describió la estructura como análoga a la usada por el Tren de Aragua en otras naciones. Posteriormente, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica detuvo a un ciudadano panameño requerido por delitos que las autoridades relacionan con bandas afines a esa organización.
“Reconozco el patrón. El Tren de Aragua llega con redes de trata, préstamos gota a gota y alianzas con bandas locales”
La afirmación corresponde a un exfiscal especializado en delincuencia organizada en la frontera colombo-venezolana y fue citada por el medio nacional que cubre la investigación. Para ese exfiscal, la llegada de la organización implica la instalación de modos de operación que incluyen la trata de personas, el sistema de préstamos usurarios conocido como “gota a gota” y la formación de alianzas con grupos criminales locales.
Antecedentes regionales y señales de consolidación
El Tren de Aragua, originario de Venezuela, ha sido vinculado por autoridades y fiscalías de varios países con actividades de trata, explotación sexual, extorsión y alianzas con estructuras locales. En Costa Rica, las diligencias de 2025 y las detenciones posteriores marcaron un punto de inflexión: las autoridades dejaron de considerar al país solo como paso hacia Norteamérica y empezaron a identificar indicios de asentamiento.
- Operativo de julio de 2025: desarticulación de una red que captaba mujeres en Venezuela con ofertas laborales falsas y las explotaba sexualmente en Costa Rica.
- Detención de un prófugo panameño: la DIS capturó a un involucrado con vínculos a bandas que las autoridades asocian al Tren de Aragua.
- Patrones operativos: uso de engaño para reclutamiento, redes de explotación sexual, modalidades financieras predatorias y colaboración con grupos locales.
Las autoridades costarricenses, según el reporte, temen que la consolidación del grupo aumente la capacidad de la organización para prestar servicios ilícitos desde el país hacia la región y para establecer cadenas de explotación que queden funcionando en el territorio nacional.
Relevancia para la región y para Chile
La presencia estable del Tren de Aragua en países de la región preocupa por su capacidad de replicar mecanismos criminales transnacionales: tráfico de personas, explotación sexual, cooptación de economías informales y vínculos con otras organizaciones delictivas. Para Chile, donde ya se han confirmado estructuras y condenas vinculadas a células del Tren de Aragua, los hallazgos en Costa Rica refuerzan la necesidad de coordinación internacional en inteligencia, investigaciones judiciales y mecanismos de protección a víctimas.
| Acontecimiento | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Desarticulación de red de explotación | julio de 2025 | OIJ y Fiscalía detectan red que trasladaba mujeres desde Venezuela con promesas de empleo |
| Detención de prófugo panameño | 2025 (posterior a julio) | DIS captura a individuo vinculado a bandas asociadas al Tren de Aragua |
En Chile, fallos judiciales recientes han confirmado la operatividad de células vinculadas al Tren de Aragua, lo que convierte estos desarrollos en Costa Rica en un indicador de la expansión y diversificación del grupo en la región.
Las autoridades costarricenses deben ahora determinar si las redes detectadas responden a una consolidación regional que exige respuestas coordinadas en materia de investigación criminal, protección de víctimas y cooperación judicial internacional.