El gobierno de Argentina anunció el 21 de octubre y formalizó el 22 de octubre la inclusión del Cártel de Sinaloa y de la Nueva Familia Michoacana en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), mediante la Resolución Conjunta 5/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida fue emitida por los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué establece la resolución y sus fundamentos
Según el Ejecutivo argentino, la resolución responde a informes reservados que, a su juicio, acreditan la capacidad operativa, la expansión regional y las redes de estas organizaciones, factores que podrían permitirles proyectar actividades hacia Argentina y poner en riesgo a sus habitantes y su patrimonio. En el texto de la resolución se atribuyen al Cártel de Sinaloa vínculos con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos; a la Nueva Familia Michoacana se le adjudican actividades de tráfico internacional de drogas y minería ilegal.
La normativa incorpora asimismo a otras organizaciones regionales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP —incluyendo estructuras armadas como el Estado Mayor Central y sus bloques y frentes— y la agrupación ecuatoriana Los Tiguerones, en la que se mencionan facciones como Los Fénix y Los Igualitos.
Implicaciones operativas y de cooperación
La inscripción en el RePET habilita mecanismos de intercambio de información y cooperación entre autoridades argentinas y de otros países, con el objetivo de prevenir actos de terrorismo y su financiamiento. La resolución dio intervención al Ministerio de Justicia para proceder con la inscripción correspondiente.
- Organismos firmantes: Ministerio de Seguridad Nacional; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Secretaría de Inteligencia de Estado.
- Instrumento legal: Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre de 2026.
- Registro implicado: RePET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento).
La medida se presenta, en la exposición de motivos de la resolución, como preventiva: las autoridades argentinas citan la posibilidad de que las capacidades y redes de las agrupaciones designadas les permitan proyectar actividades en su territorio.
Contexto regional
La decisión argentina se inscribe en una tendencia regional a ampliar instrumentos legales y de cooperación contra organizaciones que combinan delitos tradicionales del narcotráfico con prácticas que, según algunas autoridades, también implican modalidades propias del terrorismo o del financiamiento ilícito transnacional. En este caso, la Presidencia argentina concentra la actuación interministerial: Seguridad, Cancillería, Justicia y la Secretaría de Inteligencia.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fecha de anuncio | 21 de octubre de 2026 (anuncio); 22 de octubre de 2026 (publicación en Boletín Oficial) |
| Instrumento | Resolución Conjunta 5/2026 |
| Registro | RePET |
La calificación de una organización como vinculada a actos de terrorismo tiene efectos prácticos en materia de cooperación judicial y de inteligencia, y puede activar canales multilaterales para el bloqueo de activos, la vigilancia de flujos financieros y la coordinación de operaciones policiales y migratorias. La resolución argentina no detalla en la publicación pública los informes reservados en los que se basa la decisión; la Presidencia alude a informes sobre capacidad operativa y redes de las agrupaciones.
Para países de la región, incluida Chile, una medida de este tipo plantea asuntos de coordinación: intercambio de inteligencia, compatibilización de herramientas legales y posibles solicitudes de asistencia internacional. La inscripción en el RePET es, según la propia norma, un mecanismo que facilita ese intercambio.
La resolución argentina suma a la agenda regional el debate sobre los instrumentos jurídicos para enfrentar organizaciones transnacionales que combinan narcotráfico, minería ilegal y delitos conexos con redes de financiamiento que atraviesan fronteras. La publicación oficial encomienda al Ministerio de Justicia realizar la inscripción en el registro, lo que formalizará el alcance administrativo de la decisión.